Un funcionario de un tribunal federal estadounidense que supervisa una subasta de acciones de la matriz de la refinadora venezolana Citgo Petroleum pidió el lunes al juez del caso que evite que los acreedores presenten demandas adicionales que puedan descarrilar el proceso de venta.
Tres acreedores que habían presentado reclamaciones ante el tribunal pero que es poco probable que reciban los ingresos de la subasta han presentado demandas separadas este año para intentar recuperar miles de millones de dólares de los bonos venezolanos en mora. Las tres -Gramercy Distressed Opportunity Fund, G&A Strategic y Girard Street Investments- son empresas relacionadas.
Las demandas paralelas han complicado la subasta en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Delaware, que después de varios retrasos pretende seleccionar un ganador este mes y completar una venta en noviembre.
El caso fue presentado por primera vez en Delaware en 2017 por la minera Crystallex y desde entonces ha permitido que otros 17 acreedores, incluidos tenedores de bonos, persigan acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding.
Sin embargo, las ofertas recibidas hasta el momento no cubren los 21.300 millones de dólares en reclamaciones registradas en el tribunal de Delaware. Citgo ha sido valorada en entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, y la oferta más alta en una primera ronda de licitación en enero fue de 7.300 millones de dólares.
La situación ha llevado a algunos acreedores a presentar demandas en otros tribunales. Las reclamaciones de Gramercy, Girard Street y G&A están casi al final de la lista de empresas que probablemente recibirán los ingresos por las ventas.
Reuters no pudo comunicarse inmediatamente con las empresas para solicitarles comentarios.
«Ciertos acreedores judiciales están tratando de eludir el proceso de venta de este tribunal -a pesar de su participación previa en ese proceso- presentando demandas de último momento en otros foros», escribió el funcionario judicial Robert Pincus en su solicitud al juez del caso.
«Esto amenaza con socavar el proceso de venta en detrimento de los acreedores que siguieron el proceso judicial», añadió. Los postores están preocupados por el riesgo de que los acreedores reclamen posteriormente los activos que intentan adquirir, afirmó.
La petición de Pincus será «muy difícil de atender», dijo el abogado José Ignacio Hernández, de la consultora Aurora Macro Strategies, ya que el tribunal de Delaware no tiene jurisdicción sobre demandas en otros estados.