Debemos volver a medir la excelencia profesional, reconocida y laureada por la sociedad
Es hora de dar marcha atrás y exigir la probidad notoria a la hora de elegir a cada juez, para así reivindicar la Justicia de este país. Dejar de lado este requisito que contribuye a garantizarnos autoridades con imagen y conducta intachables es la causa de lo que hoy sufrimos: juristas señalados e investigados por haber abandonado su rol a cambio de satisfacer intereses políticos o del mismo crimen organizado. Si no se toman correctivos, únicamente se descartarán aquellos perfiles con sentencia ejecutoriada. Pero nuestra realidad exige ser mucho más rigurosos con los filtros. Debemos medir la excelencia profesional, reconocida y laureada por la sociedad. Y eso se logra poniendo como condición que el candidato a juez cuente con una carrera judicial impoluta, con un bien ganado prestigio, tal como se aplica en la selección de diplomáticos o en los ascensos militares, donde el buen nombre y trayectoria honrosa les permite acceder a las más altas posiciones. Esta exigencia no debe limitarse al sistema de justicia sino trascender a otras instancias. La probidad notoria debe ser prioridad en el reglamento que aplique el CPCCS para nombrar a autoridades claves como fiscal general, defensor del Pueblo, contralor del Estado y Consejo de la Judicatura, encargado de escoger a los jueces. Si realmente queremos autoridades que lleven por buen rumbo al país, debemos empezar por ahí.